El 3 de enero de 2018, comenzó la aplicación del nuevo marco normativo sobre instrumentos financieros y mercados basado en la directiva europea MiFID IIEste tiene el objetivo de garantizar la transparencia en los mercados y aumentar la protección de los inversores en los productos financieros, mejorando asimismo la transparencia de las entidades financieras. Esta normativa modificará la forma de operar de las entidades, y precisamente uno de los retos para las organizaciones financieras es cómo cumplir con la especificaciones de este marco regulatorio. Según Nuance Communications, la tecnología es uno de los aliados. “La implementación de las nuevas tecnologías puede responder a algunos de los desafíos que plantea esta regulación, como es la de recabar consentimientos de clientes para grabar sus conversaciones”, señala Marco Piña, Director de Ventas de Nuance Enterprise para Iberia, que han analizado el papel de la tecnología sobre esta regulación.

Inversión en tecnología

La normativa MiFID II, obliga a las organizaciones financieras a proporcionar cualquier información al usuario. En definitiva, ser más transparentes. «La tendencia indica que las entidades financieras ya están comenzando a priorizar la implementación de la nueva directiva entre sus hojas de ruta», afirman desde Nuance. Los expertos explican que el sector bancario destinará al menos 2.500 millones de euros para adaptarse a la nueva regulación europea. «La inversión en tecnología de las entidades financieras para hacer frente a la nueva regulación oscilará entre los 40 millones de euros al año de los bancos de primer nivel a los 2 a 8 millones de euros al año de los bancos de segundo nivel”, apunta Marco Piña.

Situación en España

A pesar de los beneficios en cuanto a transparencia y protección del inversor de esta normativa, «España va un poco retrasado en la implantación de MiFID II«, asegura Ana García, socio directora del área de derecho regulatorio del departamento bancario y financiero de Baker McKenzie, quien afirma que «la implementación de todo este paquete normativo va a implicar un desembolso importante en todas las entidades tanto en asesores legales expertos en MiFID II como en medios tecnológicos que permitan adaptar los procesos y los registros a los nuevos requisitos exigidos por la normativa”.

Los expertos explican que muchas entidades perciben esta normativa como una amenaza a su operativa actual, considerando incluso que algunas obligaciones de información son demasiado exigentes. Las normativas europeas tienen a la transparencia en la información, como ocurre con el reglamento de Protección de Datos RGPD, que obligará a las compañías entre otras cosas a informar a sus clientes cuando hayan sido víctimas de algún tipo de ciberataque o brecha de datos.

Sin embargo, las empresas tendrán que adaptarse a estos nuevos reglamentos. Si no lo hacen, en el caso de MiFID II podrían enfrentarse a elevadas sanciones que van desde los 600.000 euros hasta los cinco millones de euros, o el 10% del volumen de negocios total anual.

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