España es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, atrayendo a millones de visitantes cada año gracias a su clima, gastronomía y cultura. En 2023, más de 85 millones de turistas eligieron nuestro país como destino, representando un aumento del 18,7% respecto a 2022 y consolidando la recuperación del sector tras la pandemia. Sin embargo, la entrada en vigor del Real Decreto 933/2021 plantea serios retos en términos de ciberseguridad y privacidad.
¿Qué establece el Real Decreto?
Esta normativa, cuya aplicación será obligatoria a partir del 2 de diciembre de 2024, obliga a hoteles, plataformas turísticas, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos a recabar y comunicar datos personales de sus clientes al Ministerio del Interior.
La información debe enviarse en un plazo de 24 horas tras la reserva o el check-in y, además de datos básicos como nombre, DNI o nacionalidad, incluye información sensible como datos de pago, parentesco y contacto personal.
Aunque la plataforma digital para gestionar estos datos está operativa desde enero de 2023, sectores afectados, como agencias de viajes y hoteleros, han señalado importantes problemas técnicos y consideran que la normativa supone una carga administrativa desproporcionada.
Riesgos para la ciberseguridad y privacidad
La recopilación y manejo masivo de datos personales sensibles por empresas turísticas plantea dos riesgos principales:
Uso indebido de datos
La información almacenada por hoteles y agencias podría ser manipulada o utilizada de forma indebida por empleados o terceros, especialmente los datos bancarios, que son altamente sensibles.
Ciberataques
El volumen de datos procesados convierte a estas empresas en un objetivo atractivo para ciberdelincuentes. Según expertos, cada vez es más común que empresas pequeñas y medianas sufran ataques debido a su incapacidad de implementar medidas de seguridad avanzadas.
Estas preocupaciones no son infundadas. En los últimos años, los ciberincidentes han aumentado exponencialmente, y la dispersión de información sensible en múltiples entidades eleva significativamente los riesgos. Además, la norma parece contradecir el principio de “minimización de datos” establecido por la legislación de protección de datos, que limita la recopilación de información a la estrictamente necesaria.
Impacto en el sector turístico
Las críticas hacia esta norma no solo se centran en los riesgos de privacidad. Agencias de viajes, plataformas turísticas y hoteles alertan sobre el impacto económico y operativo que conllevará su implementación.
Según asociaciones como Ceav y Fetave, la nueva carga burocrática podría provocar un aumento en los costes operativos, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas que representan el 95% del sector.
Además, las agencias señalan que los retrasos en los procesos administrativos podrían encarecer los precios de los viajes y complicar la experiencia del cliente. Los hoteleros, por su parte, temen que la medida afecte la competitividad de España como destino turístico, especialmente si se percibe como una amenaza a la privacidad.
Controversia política y social
La aplicación del Real Decreto ha sido objeto de debate político y social. A pesar de las críticas del sector, el Ministerio del Interior defiende que la normativa no introduce nuevos requisitos de información, sino que organiza y estandariza los datos ya solicitados. Sin embargo, las quejas han llevado a sucesivas prórrogas en su aplicación, siendo la última pospuesta hasta diciembre de 2024.
El Partido Popular presentó recientemente una moción en el Senado para suspender nuevamente la entrada en vigor de la norma. Esta propuesta fue respaldada por otros grupos políticos como PNV y Junts, reflejando un consenso en torno a los problemas que plantea la normativa. Por otro lado, el Gobierno insiste en que la medida es necesaria para combatir el crimen organizado, ya que estos servicios suelen ser utilizados en actividades delictivas.
La necesidad de un equilibrio
Aunque garantizar la seguridad ciudadana es una prioridad, los expertos en ciberseguridad señalan que deben buscarse alternativas menos invasivas. Juan Manuel Valiente, del Área Jurídica de Secure&IT, critica la falta de un análisis adecuado sobre la proporcionalidad de la norma. Según su opinión, existen métodos menos intrusivos que podrían garantizar el mismo nivel de seguridad sin comprometer la privacidad de millones de personas.
Asimismo, la implementación de medidas de seguridad robustas en todas las empresas obligadas por el Real Decreto será esencial para minimizar los riesgos. Esto incluye desde la capacitación de empleados en protección de datos hasta la inversión en tecnologías avanzadas como cifrado y autenticación multifactor.
El nuevo registro obligatorio de viajeros genera una preocupación legítima por los riesgos en ciberseguridad y privacidad, además de plantear desafíos operativos y económicos para el sector turístico. Aunque la normativa busca fortalecer la seguridad, es fundamental que se equilibre este objetivo con la protección de los derechos fundamentales de las personas.
En un momento en el que España lidera como destino turístico, garantizar una experiencia segura y libre de complicaciones tanto para viajeros como para las empresas del sector será clave para mantener su competitividad.
