La Autorité de la concurrence de Francia ha impuesto una multa de 150 millones de euros a Apple por abuso de posición dominante en la distribución de apps en dispositivos iOS y iPadOS. El organismo regulador considera que la compañía estadounidense aplicó de manera discriminatoria su marco de privacidad App Tracking Transparency (ATT) entre abril de 2021 y julio de 2023, favoreciendo sus propias aplicaciones frente a las de terceros.
ATT, lanzado con iOS 14.5, iPadOS 14.5 y tvOS 14.5, es un sistema que exige a las aplicaciones solicitar el consentimiento explícito del usuario para acceder al identificador publicitario del dispositivo (IDFA) y realizar seguimiento entre apps y sitios web con fines de publicidad segmentada.
Privacidad selectiva: el fondo del conflicto
Aunque Apple defiende que ATT se introdujo para reforzar la privacidad de los usuarios, la Autorité cuestiona cómo se ha implementado el sistema. En su resolución, la entidad francesa señala que ATT impone barreras adicionales a los desarrolladores de terceros, obligándolos a obtener un consentimiento doble para el rastreo, mientras que las aplicaciones propias de Apple solo requieren una autorización única. Esta asimetría perjudica la neutralidad del ecosistema iOS y otorga ventaja competitiva a la propia Apple.
Aún más controvertido resulta el hecho de que, hasta la llegada de iOS 15, Apple ni siquiera solicitaba consentimiento para rastrear a los usuarios dentro de sus propias aplicaciones, lo cual vulnera, según la autoridad francesa, el artículo 82 de la Ley de Protección de Datos francesa, que transpone la Directiva europea de ePrivacy.
Además, se reprocha que el consentimiento recogido mediante ATT no cumple con las obligaciones legales previstas en la legislación francesa, lo que ha obligado a muchos desarrolladores a implantar sus propias soluciones de recogida de consentimiento, generando aún más fricción.
Apple se defiende: «El sistema es igual para todos»
Apple ha defendido la legalidad de su marco ATT, asegurando que el mensaje de solicitud de permiso se aplica por igual a todos los desarrolladores, incluida la propia empresa. Además, afirman haber recibido «un fuerte respaldo» por parte de los usuarios, defensores de la privacidad y autoridades de protección de datos a nivel global.
Sin embargo, los hechos contrastan con esta versión. A día de hoy, Apple sigue utilizando un único mensaje emergente bajo la etiqueta de «Publicidad personalizada» para recabar el consentimiento de los usuarios para sus propias prácticas de recogida de datos, mientras que los desarrolladores externos están obligados a desplegar un proceso más complejo y reiterativo.
Impacto limitado, pero precedente importante
Desde un punto de vista financiero, la multa impuesta a Apple representa una parte insignificante de su balance económico. La compañía declaró unos beneficios netos de 36.300 millones de dólares sobre ingresos de 124.300 millones solo en el último trimestre de 2024. Sin embargo, el impacto reputacional y regulatorio podría ser considerable.
A pesar de la sanción, el regulador no ha exigido modificaciones específicas en el sistema ATT. Corresponderá a Apple adaptar su implementación para cumplir con los principios de equidad, proporcionalidad y transparencia en el tratamiento de los datos personales y el uso del consentimiento.
Este caso se inscribe en una tensión cada vez más evidente entre las grandes tecnológicas y los reguladores europeos. El uso del argumento de la privacidad como herramienta de autopromoción o bloqueo a la competencia es una preocupación creciente en Bruselas y las capitales europeas.
Apple no es la única compañía bajo vigilancia de las autoridades europeas. El Reglamento de Mercados Digitales (DMA), en vigor desde 2023, impone nuevas obligaciones a las grandes plataformas designadas como «guardianes de acceso», entre ellas Apple, para garantizar la interoperabilidad, la transparencia y la libertad de elección de los usuarios.
La multa francesa puede ser solo el comienzo de futuras acciones regulatorias más amplias que busquen equilibrar el poder de las Big Tech con los derechos de los consumidores y la competencia justa.

































