Bajo secreto de sumario, el juez Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha asumido de forma inicial la investigación de una nueva filtración de datos personales —y en algunos casos sensibles— del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los ministros Margarita Robles y José Manuel Albares, así como de miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El ataque ha sido reivindicado en Telegram por un ciberdelincuente que opera con el alias ‘N4T0X’. La gravedad del caso no está en duda: hablamos de datos que van desde documentos de identidad hasta domicilios particulares, pasando por correos electrónicos y posibles números de teléfono de autoridades de alto nivel. La Audiencia Nacional ya ha confirmado que investiga los hechos como delito de terrorismo y contra altas instituciones del Estado.
El tercer episodio en tres meses
La filtración no es un hecho aislado, sino el tercer episodio de una serie que comenzó en junio de este mismo año.
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Primera oleada (junio): los datos personales de la vicepresidenta María Jesús Montero y de ministros como Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente, Luis Planas, Diana Morant, Ana Redondo y Elma Saiz aparecieron en Telegram.
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Segunda oleada (julio): dos jóvenes fueron detenidos en Las Palmas tras difundir información vinculada al caso Koldo, incluyendo teléfonos, DNI y domicilios de implicados, además de datos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y del president de la Generalitat, Salvador Illa.
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Tercera oleada (septiembre): ahora, el foco apunta directamente al presidente del Gobierno, a ministros clave en la política exterior y de defensa, y a responsables de cuerpos de seguridad como Francisco Pardo (Policía Nacional) y Mercedes González (Guardia Civil).
La repetición en tan corto espacio de tiempo apunta a un patrón claro: el objetivo parece ser la erosión de la confianza en las instituciones a través de la exposición pública de sus dirigentes y de sus datos personales.
Telegram, la vía de difusión preferida
Telegram se ha consolidado como el canal preferido para estas filtraciones. A diferencia de foros ocultos en la dark web, Telegram tiene un alcance inmediato: cualquier usuario puede unirse a un canal con un simple enlace y difundir el contenido en segundos. En este caso, ‘N4T0X’ no solo se atribuye los ataques, sino que incluso interactúa con seguidores, algo que en otras latitudes hemos visto con colectivos como Anonymous o LulzSec.
Compartir datos privados (doxeo) está expresamente prohibido en Telegram, donde se eliminan este tipo de contenidos en cuanto se detectan. Moderadores apoyados por inteligencia artificial monitorizan las secciones públicas de la plataforma y, junto con las notificaciones de usuarios, retiran millones de publicaciones dañinas cada día.
Datos expuestos: del DNI a 500 páginas de información
Fuentes policiales han confirmado que la filtración incluye un documento de 500 páginas con información personal de políticos de diferentes niveles:
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Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
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María Guardiola, presidenta de Extremadura.
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Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona.
En el caso de Pedro Sánchez, los datos expuestos incluyen su DNI, fecha de nacimiento y dirección particular, aunque no su número de teléfono. El paquete también contiene datos de nueve ministros más, entre ellos María Jesús Montero, Félix Bolaños y Fernando Grande-Marlaska.
La Policía Nacional y los expertos de la Comisaría General de Información ya han detectado que, en paralelo, parte de los datos han sido replicados en la dark web, lo que amplifica el riesgo de que acaben en manos de ciberdelincuentes con fines económicos.
La publicación de este tipo de información plantea un problema evidente: el doxing de alto nivel, es decir, la exposición pública de información privada con fines de acoso, intimidación o incluso violencia.
