El debate sobre la seguridad de las telecomunicaciones en España ha dado un paso más esta semana tras el anuncio del secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando. El Gobierno, aseguró, incrementará las inspecciones en materia de ciberseguridad de los equipos de las compañías de telecomunicaciones, con especial atención a los equipos radioeléctricos utilizados en redes 5G.
“Les diremos a los fabricantes que les vamos a vigilar y vamos a ver sus certificaciones en materia de ciberseguridad”, declaró Hernando en el Congreso Anual de Comunicaciones organizado por UGT, frente a un auditorio con los máximos responsables de Telefónica, MasOrange, Vodafone y Digi.
Aunque el secretario de Estado evitó citar nombres, la sombra de Huawei planeó sobre toda la sala. La compañía china continúa en el centro de la polémica global por las acusaciones de espionaje al servicio de Pekín, que han provocado su veto en Estados Unidos y el rechazo formal de la Unión Europea.
Huawei, la polémica
La declaración de Hernando llega apenas un mes después de que el Ministerio de Transformación Digital frenara un contrato adjudicado a Telefónica para renovar con equipos de Huawei la RedIris, la mayor red pública de fibra óptica del país, que conecta universidades y ministerios como Defensa o Interior.
El contrato fue paralizado en agosto, aunque aún no consta oficialmente la cancelación ni la convocatoria de un nuevo concurso público. Este episodio evidenció la tensión entre el atractivo de la tecnología del fabricante chino y la creciente presión política y geoestratégica por limitar su presencia en infraestructuras críticas.
En este contexto, el anuncio del endurecimiento de las inspecciones suena a advertencia velada: ningún equipo, sea de Huawei o de cualquier otro fabricante, estará libre de un escrutinio adicional una vez instalado en las redes móviles.
El sector responde: demandas y advertencias
Si el discurso de Hernando marcó el tono político, las intervenciones de los líderes de las principales operadoras españolas reflejaron la presión económica y regulatoria que soporta el sector.
Telefónica pide precios sostenibles
Borja Ochoa, presidente de Telefónica España, pidió “incentivar un cambio de tendencia” en el negocio de las telecomunicaciones para poder competir con Estados Unidos. Recordó que, mientras allí el sector ha crecido un 17% en los últimos diez años, en Europa ha retrocedido un 33%.
Su mensaje, en línea con el de Marc Murtra, presidente del grupo, fue claro: “La defensa del usuario debe contemplar precios sostenibles, en un escenario equilibrado. No vale todo”.
MasOrange: “Europa se ha quedado atrás”
Meinrad Spenger, consejero delegado de MasOrange, coincidió en que Europa —y en particular España— corre el riesgo de quedarse rezagada. Citó ejemplos como el coche autónomo o los robots humanoides, ya desplegados en China, frente a un continente europeo más lento en desarrollos basados en conectividad.
Además, puso el acento en los ingresos: el average revenue per user (ARPU) en Estados Unidos triplica al de España, pese a contar allí con menos fibra óptica y menor calidad de servicio.
Vodafone: el mercado está demasiado fragmentado
José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España, aseguró que “España es el país más adelantado del mundo en materia de telecomunicaciones”, pero alertó sobre el problema de un mercado “muy fraccionado”. “La regulación nos incentiva a ser muy competitivos y es importante que reflexionemos”, apuntó, en un mensaje implícito a favor de la consolidación empresarial.
Digi: apuesta por la inversión y pide desregulación
Marius Varzaru, consejero delegado de Digi España, defendió el modelo de su compañía, que ha experimentado un crecimiento meteórico en el mercado español. Según destacó, ese avance se debe a una fuerte apuesta por la inversión en red y a un marco legislativo “estable”.
Aun así, reclamó una desregulación que facilite aún más la inversión y la creación de empleo.
