La disputa tecnológica entre China y Estados Unidos ha vuelto a intensificarse tras nuevas acusaciones sobre uno de los mayores robos de criptomonedas conocidos.
Las tensiones, ya marcadas por años de desencuentros en materia digital, se reavivan ahora por un episodio ocurrido en 2020 y que sigue generando incógnitas, reproches diplomáticos y lecturas opuestas a ambos lados del Pacífico.
Según las autoridades chinas, el ataque que permitió sustraer una suma millonaria en bitcoin no fue obra de delincuentes comunes, sino de un grupo organizado con respaldo estatal.
Desde Washington, en cambio, se insiste en que los activos digitales fueron incautados legalmente como parte de una investigación por lavado de dinero que involucra al empresario Chen Zhi y al conglomerado camboyano Prince Group.
La falta de claridad sobre el origen real de los fondos sustraídos ha convertido el caso en un nuevo foco de fricción.
Una operación que dejó al descubierto vulnerabilidades globales
El suceso que ahora vuelve a la agenda ocurrió en diciembre de 2020, cuando la plataforma LuBian, una de las mayores operaciones de minería de criptomonedas de aquel momento, sufrió la pérdida de más de 127.000 bitcoins.
Su valor actual ronda los 11.000 millones de euros y ha colocado el incidente entre los mayores desfalcos de la historia digital.
El Centro Nacional Chino de Respuesta a Emergencias de Virus Informáticos sostiene que el modo en que los activos fueron movilizados, con movimientos tardíos y discretos durante cuatro años, apunta a una estructura estatal más que a ciberdelincuentes convencionales.
Las autoridades de Pekín relacionan estos activos con las investigaciones estadounidenses contra Chen Zhi, acusado en Nueva York de participar en redes de fraude electrónico y de financiar operaciones masivas de minería con beneficios ilícitos.
El informe chino afirma que los bitcoins robados coinciden con los que Estados Unidos habría requisado dentro de un procedimiento judicial contra Chen, lo que, a juicio de Pekín, refuerza la hipótesis de una intervención directa del gobierno estadounidense. La agencia china incluso describe el ataque como una “operación clásica de hackers respaldados por un Estado”.
La versión de EEUU y las implicaciones judiciales según China
Washington niega de plano las acusaciones y afirma que los bitcoins en cuestión forman parte de una incautación relacionada con un proceso penal. En octubre, el Departamento de Justicia presentó una demanda civil de decomiso que incluye más de 127.000 bitcoins vinculados a actividades supuestamente fraudulentas desarrolladas por el círculo de Chen.
La investigación estadounidense indica que ciertas direcciones asociadas a LuBian recibieron cantidades significativas de criptomonedas procedentes de fuentes externas a la minería legítima.
Además, el Departamento del Tesoro ha sancionado a más de un centenar de entidades y particulares vinculados al Prince Group, entre ellos su presidente. Sin embargo, los fiscales no han aclarado públicamente cómo obtuvieron control sobre los activos digitales cuestionados, alimentando especulaciones y, desde China, sospechas de una operación encubierta.
El portavoz de la fiscalía federal de Brooklyn declinó aportar detalles adicionales, lo que ha dejado un vacío informativo aprovechado por ambas narrativas. La defensa de Chen sostiene que las acusaciones son erróneas y que la procedencia de los activos debe investigarse con mayor profundidad, especialmente porque se trataría de un volumen de criptomonedas sin precedentes en un procedimiento de este tipo.
El trasfondo geopolítico de un caso sin resolver
La disputa no se limita al ámbito judicial. Desde hace meses, China ha intensificado sus acusaciones contra Estados Unidos por supuestas campañas de ciberespionaje.
Pekín asegura que Washington habría explotado vulnerabilidades en servidores de empresas chinas y que existen pruebas de ataques dirigidos a infraestructuras de servicios esenciales. Para el Gobierno chino, el caso LuBian encaja en ese patrón más amplio de intervenciones digitales hostiles.
Estados Unidos, por su parte, ha acusado en repetidas ocasiones a grupos vinculados al gobierno chino de realizar ataques contra compañías y organismos públicos occidentales.
Este cruce de reproches en materia de ciberseguridad tiene un largo historial, y el episodio de los bitcoins robados se suma ahora a un contexto donde los intereses estratégicos en tecnologías avanzadas, criptomonedas y control de infraestructuras digitales se superponen cada vez más.
Mientras tanto, la defensa de Chen ha solicitado más tiempo para seguir el rastro completo de los criptoactivos, afirmando que parte de ellos fue sustraída en 2020 y que su cliente no está bajo custodia estadounidense.
El abogado Matthew L. Schwartz aseguró que trabajan con especialistas para reconstruir el recorrido exacto de los fondos y aclarar qué parte corresponde realmente a actividades ilegales.
