El Ayuntamiento de Manacor podría haber tenido presuntamente el enemigo en casa. El consistorio mallorquín ha descubierto que el supuesto ciberataque sufrido el pasado mes de septiembre no habría sido obra de un intruso externo, sino de un funcionario interno.
Lo que inicialmente se pensaba como una intrusión perpetrada por un ciberdelincuente capaz de acceder a información reservada, ha terminado derivando en una investigación interna que pone el foco en un trabajador municipal.
La investigación impulsada por las fuerzas de seguridad ha reconstruido paso a paso lo ocurrido.
El caso se desencadenó cuando un documento interno, que contenía información sensible sobre 160 procedimientos judiciales presentados contra el Ayuntamiento, apareció fuera del circuito institucional.
El archivo incluía datos identificativos de los demandantes y detalles procesales que nunca deberían haber salido del sistema. La alarma generada en el Consistorio llevó a elevar una denuncia ante la Policía Nacional para esclarecer cómo había sido vulnerado el entorno informático municipal.
Una investigación que descarto la opción del ciberdelincuente al uso
En un primer momento, la hipótesis principal se centró en la posibilidad de que un ciberdelincuente ajeno a la administración hubiera conseguido franquear las barreras de seguridad digital.
Sin embargo, el avance de la investigación fue desmontando esta idea. Los especialistas analizaron los registros de accesos realizados durante las semanas previas y posteriores a la filtración, prestando especial atención a los movimientos registrados sobre los documentos que contenían la información confidencial.
Tras examinar la actividad técnica, los investigadores concluyeron que no existía rastro alguno de accesos externos irregulares. Ningún indicio apuntaba a una intrusión desde fuera de la red corporativa. Esa circunstancia fue decisiva para orientar el caso hacia otra posibilidad: que el incidente hubiera tenido su origen dentro del propio Ayuntamiento.
El análisis exhaustivo permitió reconstruir con precisión quién había accedido a cada documento y en qué momento. La secuencia de movimientos digitales terminó convergiendo en una única persona, un funcionario que tendría permisos para consultar los archivos.
Las pesquisas apuntan a que ese empleado habría accedido a los documentos, los habría descargado en un dispositivo propio y posteriormente los habría transferido a un tercero no autorizado.
Un caso que deriva hacia el ámbito interno del Consistorio
A medida que se descartaban las teorías iniciales, la investigación comenzó a centrarse exclusivamente en el ámbito municipal. El supuesto ataque dejó de considerarse una acción sofisticada procedente del exterior para pasar a catalogarse como una filtración presuntamente ejecutada desde dentro. Esta conclusión cambió por completo el enfoque de las diligencias.
El empleado señalado fue citado en la Comisaría a finales de la semana pasada para ser informado de los hechos que se investigan. En ese encuentro se le comunicaron los motivos por los que figura en el centro de las sospechas.
La información recabada, tal y cómo informa Europa Press, permite sostener que fue la persona que manipuló los archivos de forma no autorizada, provocando así la difusión de datos reservados pertenecientes a procesos judiciales en curso.
El posible impacto de esta filtración es relevante, puesto que implica la exposición de información de carácter sensible que afecta tanto a particulares como a procedimientos judiciales abiertos.
La salida de esos datos fuera del circuito institucional supone una vulneración de la privacidad de los afectados y compromete la integridad de la documentación oficial.
La causa avanza ahora bajo supervisión judicial
Una vez recopilada la información, la investigación se trasladó a la autoridad judicial competente para continuar con la instrucción del caso. Será esta instancia la que determine si existen indicios suficientes para considerar que el funcionario incurrió en un acceso indebido a información reservada y si la difusión posterior de los documentos constituye un delito.
El procedimiento continúa su curso mientras se analizan las pruebas técnicas recogidas, incluidos los registros de actividad digital, la trazabilidad de los documentos y los dispositivos que pudieron intervenir en la filtración. De momento no se han detallado las consecuencias administrativas o disciplinarias que podría afrontar el trabajador investigado, dado que la causa sigue abierta.
