El National Cyber Security Centre (NCSC), organismo dependiente del GCHQ, ha emitido este 19 de enero de 2026 una nueva alerta en la que advierte del incremento de la actividad de grupos hacktivistas alineados con Rusia que están atacando de forma persistente a organizaciones del Reino Unido. El objetivo principal de estas campañas es interrumpir el funcionamiento de servicios esenciales mediante ataques de denegación de servicio (DoS), una técnica relativamente sencilla desde el punto de vista técnico, pero con un potencial de impacto considerable sobre la continuidad operativa.
Según el comunicado, los blancos prioritarios son las administraciones locales y los operadores de infraestructuras críticas, dos sectores cuya dependencia de los servicios digitales es cada vez mayor y cuya interrupción puede tener efectos directos sobre la ciudadanía. El NCSC insta a estas entidades a revisar de manera urgente sus defensas y a reforzar sus planes de resiliencia para poder detectar, mitigar y recuperarse con rapidez de este tipo de incidentes.
Hacktivismo alineado con el Estado, pero no controlado por él
A diferencia de los grupos criminales que buscan beneficios económicos mediante ransomware o fraude, los actores señalados por el NCSC actúan por motivaciones ideológicas. Se trata de colectivos prorrusos que, sin estar formalmente integrados en las estructuras del Estado, alinean sus operaciones con los intereses estratégicos del Kremlin y dirigen sus ataques contra países que consideran hostiles a Rusia, especialmente aquellos que apoyan a Ucrania.
El organismo británico subraya que estos grupos operan fuera del control directo del Gobierno ruso, pero su actividad contribuye a los objetivos de presión y desestabilización en el ciberespacio. En este sentido, el fenómeno del “hacktivismo patrocinado” o “tolerado” por Estados se ha consolidado como una pieza más de la guerra híbrida, donde las fronteras entre actores estatales y no estatales se difuminan deliberadamente.
Ataques sencillos, impacto elevado
Los ataques de denegación de servicio consisten en saturar un sistema o una red con un volumen masivo de tráfico hasta impedir que los usuarios legítimos puedan acceder a los servicios. Desde el punto de vista técnico, no requieren herramientas sofisticadas ni conocimientos avanzados en comparación con otras técnicas de intrusión. Sin embargo, cuando se ejecutan de forma coordinada y sostenida, pueden dejar fuera de servicio portales institucionales, plataformas de gestión y aplicaciones críticas durante horas o incluso días.
El NCSC recuerda que, más allá de la interrupción inmediata, este tipo de incidentes generan costes significativos para las organizaciones afectadas: análisis forense, despliegue de medidas de mitigación, refuerzo de infraestructuras, comunicación de crisis y, en algunos casos, pérdida de confianza por parte de ciudadanos y usuarios. En sectores como el gobierno local o la gestión de servicios esenciales, la indisponibilidad de sistemas puede traducirse en retrasos administrativos, problemas en la atención al público y riesgos para la prestación de servicios básicos.
Un patrón que se repite desde el inicio de la guerra en Ucrania
La alerta de enero de 2026 se enmarca en una tendencia que el NCSC viene observando desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Ya en 2023, el organismo británico advirtió del aumento de la actividad de actores alineados con Estados que buscaban aprovechar el conflicto para intensificar operaciones de influencia y sabotaje en el ciberespacio.
En diciembre de 2025, el NCSC, junto con socios internacionales, cofirmó un aviso conjunto en el que se señalaba a grupos hacktivistas prorrusos por atacar a entidades gubernamentales y empresas privadas en países de la OTAN y en otros Estados europeos percibidos como contrarios a las ambiciones geopolíticas de Moscú. El Reino Unido figura de manera destacada entre los objetivos, tanto por su apoyo político y militar a Ucrania como por su papel en la arquitectura de seguridad europea.
Infraestructuras críticas y gobiernos locales, en el punto de mira
Uno de los elementos más preocupantes del nuevo aviso es la reiteración de que los operadores de infraestructuras críticas se encuentran entre los principales objetivos. Sectores como energía, transporte, agua, telecomunicaciones o sanidad dependen de plataformas digitales cuya disponibilidad es esencial para el funcionamiento de la sociedad.
A ello se suma la vulnerabilidad histórica de muchos ayuntamientos y administraciones locales, que a menudo cuentan con presupuestos limitados y sistemas heredados, lo que dificulta la implantación de soluciones avanzadas de protección frente a ataques distribuidos de denegación de servicio (DDoS). Para los hacktivistas, estos entornos representan un blanco atractivo: alto impacto mediático, visibilidad pública y, en algunos casos, defensas menos robustas que las de grandes organismos nacionales.
