La Guardia Civil ha culminado una investigación que se remonta a más de un año y que ha permitido detener a los cuatro integrantes de un grupo que, bajo la etiqueta de “Anonymous”, llevó a cabo ataques de denegación de servicio contra diversas webs de la Administración Pública. Su actividad alcanzó su punto álgido tras la DANA que afectó a Valencia en 2024, cuando los atacantes justificaron sus acciones asegurando que las instituciones eran “responsables de la tragedia”. La operación, desarrollada en varias fases, ha supuesto la intervención de sus perfiles en redes sociales y el cierre de sus canales de difusión.
Una campaña para inutilizar servicios públicos
Los detenidos actuaban con un objetivo claro: saturar servicios digitales esenciales para dejarlos temporalmente fuera de funcionamiento. Para ello empleaban ataques de denegación distribuida de servicios (DDoS), una técnica que consiste en inundar un sistema con un volumen anormal de peticiones hasta impedir su operatividad. Aunque estos ataques no comprometen directamente la integridad de los datos, sí pueden bloquear el acceso de usuarios legítimos, ralentizar procesos administrativos y generar un impacto significativo en la prestación de servicios públicos.
El grupo se autodenominaba parte de la red internacional “Anonymous”, aunque su estructura y actividad real se limitaban a un pequeño núcleo de cuatro personas. Su estrategia se basaba en la coordinación de ataques puntuales, la difusión de mensajes de propaganda y la captación de voluntarios para amplificar el volumen de tráfico malicioso.
Orígenes y radicalización del grupo
La investigación sitúa el inicio de su actividad en abril de 2023. Desde entonces, los integrantes del grupo fueron especialmente activos en la red social X y en Telegram, donde difundían contenido contra instituciones españolas y de varios países de Sudamérica. Su narrativa mezclaba mensajes de desconfianza hacia las administraciones con llamamientos a la acción digital, buscando construir una comunidad afín a sus objetivos.
A partir de septiembre de 2024, el grupo intensificó su actividad. Inició una campaña de reclutamiento de voluntarios con el propósito de organizar ataques coordinados contra dominios considerados “relevantes”. Esta fase coincidió con un aumento de su presencia en redes y con la publicación de mensajes que alentaban a participar en acciones de sabotaje digital.
El punto de inflexión llegó tras la DANA que afectó a Valencia en 2024. Aprovechando la conmoción social generada por el episodio meteorológico, los integrantes del grupo difundieron mensajes en los que culpaban a las instituciones públicas de la tragedia. Bajo ese pretexto, lanzaron ataques exitosos contra varias webs de la Administración, lo que les otorgó notoriedad dentro de ciertos círculos digitales y reforzó su sensación de impunidad.
Detenciones en varias fases
La operación policial se desarrolló en dos etapas. En mayo del año pasado fueron detenidos el administrador y el moderador del grupo en Alcalá de Henares (Madrid) y en Oviedo (Asturias). Ambos desempeñaban un papel central en la coordinación de los ataques y en la difusión de mensajes en redes sociales.
La segunda fase se produjo hace apenas unos días, cuando la Guardia Civil detuvo a los dos integrantes más activos del grupo en Ibiza y en Móstoles (Madrid). Estos últimos eran responsables de ejecutar los ataques y de mantener la infraestructura digital necesaria para llevarlos a cabo.
Con estas detenciones, los investigadores consideran desarticulado por completo el núcleo operativo del grupo.
Cierre de sus canales y colaboración institucional
Además de las detenciones, la operación ha permitido intervenir judicialmente el perfil del grupo en X y su canal de YouTube, así como cerrar su canal de Telegram, que funcionaba como principal vía de comunicación interna y externa. La eliminación de estos espacios digitales supone un golpe significativo a su capacidad de reorganización y difusión.
La investigación ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo especializado en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas. La coordinación judicial ha estado a cargo de la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y la Plaza 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.
Este trabajo conjunto refleja la creciente importancia de la cooperación entre cuerpos policiales, instituciones judiciales y organismos especializados para hacer frente a amenazas digitales que, aunque puedan parecer limitadas en escala, tienen capacidad para afectar a servicios esenciales.
