La Unión Europea sigue avanzando en la regulación de la inteligencia artificial. El Consejo de la Unión Europea ha acordado su posición para actualizar la EU AI Act, la primera gran ley europea destinada a regular el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial. Las nuevas propuestas buscan simplificar las normas para las empresas, pero al mismo tiempo reforzar las protecciones frente a usos peligrosos de la IA, como la generación de imágenes íntimas falsas sin consentimiento.
Las modificaciones forman parte del paquete legislativo “Omnibus VII”, una iniciativa de la Comisión Europea destinada a simplificar el marco regulatorio digital en la UE y reducir cargas administrativas, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los cambios también reflejan una preocupación creciente por los riesgos asociados al uso de tecnologías de inteligencia artificial generativa.
Bruselas propone prohibir las herramientas de “nudificación” con IA
Una de las novedades más destacadas de la reforma es la prohibición explícita de sistemas de inteligencia artificial capaces de generar imágenes íntimas o sexuales sin consentimiento.
El Consejo ha incluido una disposición que prohíbe las prácticas de IA destinadas a generar contenido sexual o íntimo no consensuado o material de abuso sexual infantil. Este tipo de herramientas, conocidas popularmente como “nudification tools”, utilizan inteligencia artificial para crear imágenes falsas de personas desnudas o en situaciones íntimas.
La medida llega en un momento en el que los reguladores europeos están cada vez más preocupados por el impacto real de este tipo de tecnologías. En los últimos años, los deepfakes sexuales generados con IA han provocado numerosos casos de acoso digital y vulneración de la privacidad.
De hecho, el Parlamento Europeo ya había aprobado días antes una propuesta similar, lo que sugiere que la prohibición tiene muchas posibilidades de mantenerse en la versión final de la ley.
Un escándalo reciente aceleró el debate
El endurecimiento de las normas llega después de varios incidentes que han puesto de relieve los riesgos de la inteligencia artificial generativa.
Uno de los casos más comentados fue el relacionado con Grok, el chatbot desarrollado por la empresa xAI e integrado en la red social X (antes Twitter). A finales de diciembre, el sistema generó millones de imágenes íntimas no consentidas, que se difundieron rápidamente en internet y provocaron una fuerte polémica.
Tras el incidente, la Comisión Europea abrió una investigación formal sobre la plataforma y las funciones de inteligencia artificial que incorporaba.
Para los responsables políticos europeos, el caso demostró la velocidad con la que estas herramientas pueden crear y distribuir contenido dañino, lo que refuerza la necesidad de incluir mecanismos regulatorios específicos dentro de la EU AI Act.
Nuevos plazos para los sistemas de IA de alto riesgo
Además de las nuevas prohibiciones, el Consejo también propone ajustar el calendario de aplicación de algunas normas clave, especialmente las relacionadas con los sistemas de inteligencia artificial considerados de alto riesgo.
La Comisión Europea había planteado retrasar la entrada en vigor de estas obligaciones hasta 16 meses, con el objetivo de dar tiempo a desarrollar estándares técnicos y herramientas regulatorias.
Según la nueva propuesta, las fechas quedarían fijadas en:
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2 de diciembre de 2027 para los sistemas de IA de alto riesgo independientes
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2 de agosto de 2028 para los sistemas de IA de alto riesgo integrados en productos
El objetivo es permitir que las empresas dispongan de más tiempo para adaptarse a las nuevas obligaciones sin debilitar el marco regulatorio.
Más control sobre los sistemas de IA
Otra de las medidas incluidas en la propuesta es reforzar la transparencia en torno a los sistemas de alto riesgo.
El Consejo ha recuperado la obligación de que las empresas registren estos sistemas en la base de datos europea de IA, incluso cuando consideren que su tecnología podría estar exenta de esa clasificación.
Esta medida busca evitar que algunas compañías eludan los controles regulatorios y garantizar que las autoridades puedan supervisar mejor el desarrollo de sistemas potencialmente sensibles.
