Se han detectado nuevas campañas de correos electrónicos fraudulentos que suplantan la identidad de la Policía Nacional, la Guardia Civil e INCIBE con el objetivo de extorsionar a los usuarios. Los mensajes acusan falsamente a la víctima de haber cometido delitos relacionados con el consumo de pornografía y la presionan para que responda al correo en un plazo máximo de 48 o 72 horas.
El fraude utiliza técnicas de ingeniería social para generar miedo, urgencia y confusión. Los ciberdelincuentes adjuntan supuestas citaciones judiciales o notificaciones oficiales en formato PDF en las que amenazan con una detención, la apertura de un procedimiento penal o la difusión del caso en medios de comunicación si la persona no responde.
Sin embargo, se trata de un engaño. Ninguna investigación policial real se comunica de esta forma ni una persona puede ser detenida por no contestar un correo electrónico ordinario. El objetivo de los atacantes es que la víctima entre en contacto con ellos para continuar la extorsión, solicitar datos personales o exigir pagos simulando multas.
Un fraude basado en el miedo y la urgencia
Este tipo de campaña no es nueva, pero vuelve a circular periódicamente con ligeras variaciones en los remitentes, documentos adjuntos y organismos suplantados. La estrategia se basa en acusaciones graves y amenazas desproporcionadas para provocar una reacción impulsiva.
Los correos suelen asegurar que la víctima está siendo investigada por delitos relacionados con pornografía, abusos o actividades ilegales en internet. A continuación, se le exige responder en un plazo muy breve para evitar consecuencias inmediatas.
Este mecanismo busca que la persona actúe sin verificar la autenticidad del mensaje. El miedo a una acusación penal o a una posible exposición pública puede llevar a algunos usuarios a responder, facilitando así que los delincuentes confirmen que la cuenta está activa.
Una vez iniciado el contacto, los atacantes pueden continuar la presión psicológica, pedir documentación personal, solicitar transferencias económicas o enviar nuevas amenazas para mantener el control sobre la víctima.
Señales que permiten detectar el engaño
El primer elemento que debe analizarse en estos correos es el remitente. Las instituciones oficiales en España utilizan dominios propios y canales formales de comunicación. En las campañas detectadas aparecen direcciones falsas o ajenas a los organismos suplantados, como dominios inventados o cuentas pertenecientes a empresas que podrían haber sido comprometidas.
También es habitual encontrar saludos genéricos, como un simple “Hola”, en lugar de una identificación formal con nombre, apellidos y datos administrativos. Una comunicación policial o judicial real no se enviaría de forma anónima ni mediante amenazas informales.
Los documentos adjuntos presentan además numerosos errores que evidencian el fraude. Entre ellos figuran traducciones automáticas, frases incompletas, mezcla de idiomas, palabras inventadas y nombres mal escritos de cargos oficiales.
Otra señal de alerta es el uso excesivo de logotipos institucionales. Los estafadores suelen incluir emblemas de la Policía Nacional, Guardia Civil, Europol, Interpol, INCIBE o el Ministerio del Interior para dar apariencia de legitimidad. Sin embargo, estos organismos no emiten citaciones conjuntas de este tipo ni utilizan documentos con sellos pegados de forma caótica.
Los plazos también son irreales. La administración pública se rige por procedimientos legales y notificaciones formales, no por correos amenazantes que exigen una respuesta en 48 horas para evitar una detención inmediata.
Qué hacer si recibes uno de estos correos
La recomendación principal es no responder al mensaje, no abrir enlaces sospechosos y no facilitar ningún dato personal o bancario. Responder al correo permite a los delincuentes confirmar que la cuenta está activa y puede convertir al usuario en objetivo de nuevas extorsiones.
Si se recibe un mensaje de este tipo, debe reportarse a los canales habilitados y eliminarse. También es importante conservar evidencias si ya se ha interactuado con los atacantes, como capturas de pantalla, correos, adjuntos, mensajes o justificantes de pagos.
En caso de haber respondido, seguido las instrucciones o enviado información personal, se recomienda contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad 017 para recibir asesoramiento especializado. Además, conviene acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para presentar una denuncia con todas las pruebas disponibles.
También es aconsejable realizar búsquedas periódicas del propio nombre, correo electrónico o teléfono en internet para comprobar si los datos personales están siendo utilizados sin consentimiento. Si aparece información privada publicada indebidamente, puede ejercerse el derecho al olvido a través de los mecanismos indicados por la Agencia Española de Protección de Datos.
