Un ciberataque ha puesto en alerta a parte del sector agrario andaluz. La Policía Nacional investiga el acceso no autorizado sufrido por una empresa que prestaba servicios a la Consejería de Agricultura y que conservaba información personal relacionada con antiguos solicitantes de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).
El ataque afecta a Tecnoabi, compañía que disponía de ficheros correspondientes a beneficiarios y solicitantes de estas subvenciones.
Según informa Canal Sur, la información potencialmente comprometida pertenece a expedientes tramitados entre 2005 y 2012, además de los correspondientes a 2016.
La Administración autonómica ha querido aclarar uno de los principales interrogantes surgidos tras conocerse el incidente: “En ningún caso, afectaría a los pagos”.
El ataque no habría comprometido los sistemas de la Junta
La información conocida hasta el momento apunta a que la brecha se produjo en los sistemas de la empresa contratada y no dentro de la infraestructura tecnológica de la propia Administración andaluza.
Según la información trasladada por la Consejería, el acceso “indebido a los datos no ha afectado a la Junta de Andalucía”.
Aun así, la Administración ha reforzado la vigilancia de sus sistemas mediante medidas específicas de monitorización, con el objetivo de identificar cualquier comportamiento anómalo, intento de acceso o actividad potencialmente maliciosa.
La compañía afectada confirmó que la “violación de la seguridad” alcanzó ficheros pertenecientes a una base de datos personales que permanecían almacenados en sus sistemas. Se trata de información vinculada a personas que solicitaron ayudas de la PAC en diferentes ejercicios.
La antigüedad de una parte de los registros resulta especialmente significativa. Los primeros datos afectados se remontarían a 2005, hace más de dos décadas, mientras que los más recientes corresponderían al ejercicio 2016.
Policía Nacional y Protección de Datos, informadas
Tras detectar el incidente, la empresa comunicó lo sucedido tanto a la Policía Nacional como a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La investigación policial deberá determinar ahora las circunstancias del ataque y esclarecer qué acceso consiguieron realmente los responsables.
Uno de los riesgos derivados de una filtración de información personal es que los datos terminen siendo utilizados posteriormente para preparar campañas de fraude mucho más convincentes.
Conocer determinados detalles de una víctima permite a los ciberdelincuentes elaborar mensajes aparentemente legítimos y aumentar las posibilidades de que el destinatario confíe en ellos.
Precisamente por este motivo, la Consejería de Agricultura ha enviado una advertencia a los posibles afectados para que extremen las precauciones durante los próximos días y estén especialmente atentos a cualquier contacto inesperado.
Precaución ante correos, mensajes y llamadas sospechosas
La recomendación de la Administración es prestar “especial atención a posibles comunicaciones sospechosas que pudieran recibir”. Entre las principales medidas figura no responder a peticiones inesperadas de información personal y evitar acceder a enlaces procedentes de remitentes desconocidos.
También se aconseja desconfiar de correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes cuando no sea posible identificar claramente quién está detrás de la comunicación. Una petición relacionada aparentemente con una subvención o un organismo público no significa necesariamente que proceda de una fuente legítima.
La Consejería recuerda además una regla especialmente importante: nunca facilitar contraseñas, credenciales de acceso, información bancaria ni datos de tarjetas ante este tipo de solicitudes.
Mientras continúa la investigación, la principal tranquilidad para los agricultores afectados es que el incidente no comprometería el abono de las ayudas.
El problema se concentra, según la información disponible, en la posible exposición de datos personales históricos almacenados por la compañía que prestaba el servicio.
