La aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros de financiación pública durante la pandemia, sufrió también un ciberataque que terminó con la sustracción de casi 100.000 euros de una de sus cuentas bancarias. El episodio aparece ahora entre la documentación entregada a la Audiencia Nacional por Roberto Roselli, exconsejero delegado de la compañía.
El incidente añade un nuevo capítulo a la historia reciente de una aerolínea cuyo rescate ha generado una intensa controversia política y judicial. La operación fue aprobada en marzo de 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI.
Una estafa de 96.442 euros mediante un correo manipulado
Según la documentación aportada por Roselli y difundida por Servimedia, Plus Ultra presentó el 1 de septiembre de 2022 una denuncia ante los juzgados de Alcobendas por una estafa de 96.442 euros sufrida a través de una cuenta bancaria de la empresa en BBVA.
El procedimiento quedó registrado como Diligencias Previas 2043/2022. El método utilizado responde a una modalidad habitual de fraude empresarial: los atacantes habrían suplantado a una compañía con la que la víctima mantenía relaciones comerciales.
En este caso, alguien se habría hecho pasar por la agencia Dominicana Tours utilizando una cuenta de correo electrónico manipulada. El engaño consiguió que el dinero terminara transferido a una cuenta controlada por terceros.
Las diligencias investigaron posibles delitos de interceptación ilícita de comunicaciones, falsedad documental y suplantación de identidad mediante herramientas informáticas.
El juzgado siguió el recorrido del dinero
La investigación llevó a tomar declaración a Raquel Sánchez Villaseca, que entonces ocupaba el puesto de directora financiera de Plus Ultra. También se trató de localizar al supuesto titular de la cuenta que había recibido los fondos.
La persona identificada en las actuaciones, Jorge Nieto Corpa, fue citada para declarar como investigada mediante videoconferencia el 4 de octubre de 2022. Sin embargo, la comparecencia tuvo que suspenderse porque no había sido citada correctamente.
La documentación aportada ahora por Roselli no permite conocer qué ocurrió posteriormente con aquellas diligencias ni cuál fue finalmente el destino judicial de la denuncia.
Los 53 millones que situaron a Plus Ultra en la polémica
El ciberataque se produjo después de una de las operaciones de apoyo público más controvertidas de la pandemia. En marzo de 2021, el Consejo de Ministros autorizó 53 millones de euros para Plus Ultra con cargo al fondo gestionado por la SEPI.
El rescate quedó dividido en un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones. Su aprobación generó críticas de partidos de la oposición por el tamaño de la aerolínea, su situación financiera y la consideración de la compañía como empresa estratégica.
La controversia también estuvo relacionada con sus conexiones empresariales con Venezuela y con el peso de este mercado en su actividad. Plus Ultra había desarrollado una parte relevante de sus operaciones de largo radio en las conexiones entre España y Latinoamérica.
Aldama, Zapatero y Venezuela aparecen en el foco de la investigación
El asunto ha vuelto a cobrar actualidad por una investigación judicial diferente de la correspondiente al ciberataque. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga las circunstancias que rodearon la financiación pública y la posible existencia de comisiones relacionadas con los 53 millones de euros.
En ese contexto han aparecido referencias al empresario Víctor de Aldama y al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Las pesquisas tratan de determinar si existieron pagos o intermediaciones vinculados al rescate y quiénes pudieron beneficiarse de ellos. La existencia de una investigación, no obstante, no acredita por sí misma que las personas mencionadas hayan cometido delito alguno.
Aldama ha realizado diversas afirmaciones sobre las relaciones entre Plus Ultra, Venezuela y determinadas figuras políticas españolas. Parte de esas declaraciones se encuentran bajo análisis judicial y deben distinguirse de hechos probados.
Zapatero, por su parte, ha mantenido durante años una intensa actividad relacionada con Venezuela, especialmente como mediador y participante en procesos de diálogo político. Esa vinculación ha sido utilizada políticamente para cuestionar su eventual papel alrededor de Plus Ultra, aunque cualquier posible participación irregular deberá ser acreditada mediante pruebas dentro del procedimiento judicial.
Dos procedimientos distintos alrededor de la aerolínea
El fraude informático y las pesquisas sobre el rescate son, por tanto, asuntos judiciales diferentes. El primero parte de Plus Ultra como víctima de una estafa de 96.442 euros. El segundo analiza las circunstancias que rodearon la concesión de los 53 millones de dinero público y posibles movimientos económicos relacionados con aquella operación.
La documentación de Roselli conecta ahora ambos episodios dentro de la convulsa trayectoria reciente de la compañía.
