Una organización criminal que utilizaba mensajes de texto fraudulentos y llamadas telefónicas para hacerse pasar por entidades bancarias consiguió sustraer más de un millón de euros a 43 personas aragoneses.
La Guardia Civil ha desarticulado la estructura en el marco de la operación Ibermellow, que se ha saldado con 29 detenidos y otras 57 personas investigadas en distintas provincias españolas.
Los delincuentes disponían de un centro de operaciones capaz de distribuir más de 100.000 SMS por hora. Su estrategia consistía en generar una falsa situación de emergencia bancaria para conseguir que los afectados transfirieran sus ahorros o incluso contrataran préstamos personales cuyo importe terminaba en manos de la organización.
Un falso aviso bancario era el comienzo de la estafa
La investigación arrancó el año pasado después de que la Guardia Civil recibiera numerosas denuncias en Huesca. Los agentes detectaron que las víctimas describían un procedimiento prácticamente idéntico, basado en la combinación de dos técnicas de fraude: smishing y vishing.
El primer contacto se producía mediante un SMS que aparentaba proceder del banco del destinatario. En él se advertía de una supuesta operación de elevado importe y se facilitaba un número de teléfono para detenerla.
El objetivo era provocar una reacción inmediata. Ante el temor de perder dinero, los afectados podían llamar al número indicado o recibir posteriormente una comunicación de los propios estafadores.
Durante esa conversación, los delincuentes fingían ser empleados de la entidad financiera y utilizaban información personal que ya conocían para reforzar su credibilidad.
Mediante técnicas de ingeniería social, convencían a las víctimas de que debían realizar determinadas operaciones para proteger su dinero. En realidad, las instrucciones conducían a transferencias hacia cuentas controladas por la organización.
En algunos casos, el engaño llegaba todavía más lejos: los afectados terminaban contratando préstamos personales cuyo capital también era desviado.
El balance económico supera el millón de euros. Las 43 víctimas identificadas se distribuyen entre las tres provincias aragonesas:
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Huesca: 25 afectados.
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Zaragoza: 11 afectados.
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Teruel: 7 afectados.
Una red de cuentas bancarias para ocultar el recorrido del dinero
La investigación no se limitó a identificar a quienes enviaban los mensajes o realizaban las llamadas. Los agentes tuvieron que reconstruir el recorrido de los fondos sustraídos.
Una vez recibidas las transferencias, el dinero circulaba por diferentes cuentas bancarias para dificultar su localización. Posteriormente, parte de las cantidades se retiraba en cajeros automáticos de Barcelona, Madrid y Murcia.
La trazabilidad bancaria permitió identificar a personas que actuaban como mulas económicas. Estas facilitaban sus cuentas, monederos digitales o datos personales para recibir y transferir fondos procedentes de las estafas, generalmente a cambio de una comisión.
La estructura también contaba con captadores encargados de incorporar nuevos colaboradores y personas dedicadas a retirar el efectivo.
Por encima de estos participantes se encontraban los falsos gestores bancarios y el responsable del centro desde el que se distribuían los mensajes fraudulentos.
Un centro capaz de enviar más de 100.000 SMS por hora
La primera fase operativa se desarrolló en marzo, cuando la Guardia Civil efectuó registros en Badalona y Terrassa, en Barcelona; el distrito madrileño de Carabanchel, y Cartagena, en Murcia.
Los agentes consiguieron desmantelar el centro de llamadas y mensajes, cuya infraestructura permitía distribuir más de 100.000 SMS cada hora.
Esta intervención terminó con cinco miembros de la cúpula detenidos y la incautación de numerosos efectos relacionados con la actividad delictiva.
Entre el material intervenido figuraban:
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57.520 euros en efectivo.
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365 tarjetas SIM y 176 tarjetas bancarias.
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95 máquinas para el envío masivo de mensajes.
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70 teléfonos móviles.
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Artículos de lujo y documentación relacionada con la investigación.
La cantidad de dispositivos intervenidos refleja la infraestructura tecnológica empleada para contactar simultáneamente con un elevado número de potenciales víctimas.
Recuperados más de 256.000 euros y desarticulada la estructura financiera
La segunda fase se centró en los mecanismos utilizados para mover y ocultar los beneficios obtenidos.
Los investigadores identificaron a mulas económicas, captadores y encargados de retirar el efectivo, lo que permitió desarticular el entramado financiero de la organización.
Además, la Guardia Civil consiguió recuperar 256.708 euros depositados en diferentes cuentas vinculadas a los presuntos estafadores.
El operativo ha sido desarrollado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con la colaboración de unidades de seguridad ciudadana y grupos especializados de distintas comandancias.
La investigación se ha extendido por 23 provincias, entre ellas Barcelona, Madrid, Valencia, Murcia, Alicante, Sevilla y las dos provincias canarias.
Las diligencias han sido remitidas a los juzgados competentes de nueve partidos judiciales de Aragón, incluidos Jaca, Zaragoza, Teruel, Caspe y Alcañiz.
