El Gobierno de España prevé aprobar en mayo el proyecto de Ley Orgánica de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, una reforma que adaptará la legislación vigente —en vigor desde 1982— a la realidad digital actual y que llevará el consentimiento digital hasta los 16 años como edad mínima para prestarlo.
El anuncio lo ha realizado el ministro Félix Bolaños durante su comparecencia en el Congreso, donde ha adelantado algunos de los principales cambios que introducirá la norma. “Vamos a aprobar en Consejo de Ministros y remitir al Parlamento un proyecto que adapta una normativa que hoy está caduca, con novedades bien importantes en el ámbito digital y en la protección de los menores”, señaló.
Uno de los puntos centrales de la ley será elevar a 16 años la edad mínima para prestar consentimiento en cuestiones relacionadas con la intimidad, el honor o la propia imagen. En este sentido, el ministro fue claro: “No se podrá prestar consentimiento para algo que pueda afectar a su intimidad o su honor por debajo de los 16 años”.
Más protección para menores en el entorno digital
La medida responde a una preocupación creciente por la sobreexposición de menores en internet. En la práctica, muchos adolescentes acceden a redes sociales y comparten información personal sin ser plenamente conscientes de los riesgos asociados.
Desde la perspectiva de la ciberseguridad, esta reforma busca reducir amenazas como la suplantación de identidad, el uso indebido de imágenes o la recopilación masiva de datos personales. Limitar el consentimiento refuerza la protección en una etapa especialmente vulnerable y obliga a que exista una mayor supervisión en el uso de plataformas digitales.
Además, esta iniciativa se complementa con otras normas en tramitación que también elevan a 16 años la edad para autorizar el tratamiento de datos personales, lo que supone un cambio relevante en la gestión de la privacidad de los menores en España.
Límites a la inteligencia artificial y al uso de la imagen
Otro de los puntos clave de la futura ley es la regulación del uso de la inteligencia artificial. El texto prohibirá utilizar la voz o la imagen de una persona con fines comerciales o publicitarios sin su consentimiento expreso, una medida que busca frenar prácticas cada vez más extendidas como la creación de contenidos manipulados o los llamados deepfakes.
El avance de estas tecnologías ha facilitado la creación de contenidos falsos con apariencia real, lo que abre la puerta a fraudes, desinformación y daños reputacionales. Con esta regulación, el Gobierno pretende establecer límites claros en el uso de estas herramientas.
La ley también incluirá medidas para proteger a las víctimas de delitos frente al auge del contenido true crime, evitando que los responsables de crímenes puedan obtener beneficios económicos a partir de ellos o que se difundan contenidos que afecten a la intimidad de las víctimas.
Un paso hacia una mayor privacidad digital
En conjunto, la reforma supone un intento de reforzar la protección de los ciudadanos en un entorno digital cada vez más complejo. La combinación de nuevas tecnologías, modelos de negocio basados en datos y exposición constante en redes sociales ha generado un escenario en el que la privacidad se ha convertido en un activo especialmente sensible.
La futura ley, que el Ejecutivo prevé aprobar en mayo, marca un cambio de enfoque: no solo se trata de proteger datos, sino también de limitar el uso de la imagen y la identidad digital en un contexto donde su valor —y su vulnerabilidad— no deja de crecer.
La nueva normativa llega en un contexto en el que la identidad digital se ha convertido en un elemento clave. La exposición constante en internet, el uso intensivo de datos personales y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial han transformado por completo los riesgos asociados a la privacidad.
